CONGRESO DE COLOMBIA SE BLINDA ANTE LA JUSTICIA

Una serie de garantías procesales en materia penal, disciplinaria y de pérdida de investidura vincularon los ponentes de la reforma a la Justicia en el informe del proyecto que comenzará a ser analizado hoy, en su sexto debate, en la plenaria del Senado.

Un primer aspecto, según el senador ponente Eduardo Enríquez Maya, fue que para los casos de pérdida de investidura “se establece una doble instancia y las demandas deben ser interpuestas por personas y abogados serios, porque en el caso de que el demandante pierda deberá responder por las costas del proceso” y sustentó: “Con eso castigamos la temeridad de las denuncias”.

De acuerdo con el senador conservador, habrá gradualidad de la pena, es decir, que si existen méritos, un congresista puede ser sancionado hasta por un año y no perder la investidura, además que para cada instancia se da un término de 40 días para el fallo, en la actualidad es de 20 días.

En lo que tiene que ver con el juzgamiento penal, el senador Jesús Ignacio García explicó que habrá doble instancia en la Corte Suprema. Para tal fin, “se creará una comisión de investigación de seis personas elegidas por las Altas Cortes, en la cual tres de éstas acusarán ante la subsala de cinco magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema en primera instancia. En la segunda habrá otros tres investigadores y será resuelto el caso por la Sala Plena, exceptuando los magistrados que actuaron en la primera instancia”.

Con respecto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, García dijo que desaparece y será reemplazada por una Comisión de Aforados integrada por “nueve juristas de las más altas calidades”.

El senador aseguró que este grupo de expertos deberá analizar las denuncias que se instauren en contra del Presidente de la República, el Vicepresidente, magistrados, ministros, Fiscal General, Procurador, Contralor y presentarán un informe a la plenaria de la Cámara o del Senado, en el caso del jefe de Estado, para que decidan si se hace un juicio político.

Así mismo, se determinó que cuando exista un delito penal, el Congreso dará traslado de las pruebas a la Corte Suprema para que adelante el proceso correspondiente.

Cuestionado sobre si esto significaba que los aforados, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, iban a ser investigados políticamente por particulares, el senador Luis Fernando Velasco negó esta posibilidad y dijo: “Lo que se hace es que estas personas de alto nivel serán las que determinen las responsabilidades, pero los que definen si son o no responsables son la Cámara y el Senado”.

En materia disciplinaria, los congresistas le quitan la facultad al Procurador General para que adelante este tipo de procesos y establecieron en la ponencia que habrá doble instancia para este fin y que éstas las llevarán delegados.

En un parágrafo se indicó que “las investigaciones disciplinarias contra los Congresistas se adelantarán y decidirán en salas de primera y segunda instancia conformadas al interior de la Procuraduría General, de las cuales no hará parte el Procurador” y agrega: “Los integrantes de estas salas no podrán comisionar ni delegar la práctica de pruebas. Estas investigaciones no podrán adelantarse en razón de conductas relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas”.

De otro lado, ayer se generó un debate sobre la eventualidad de que el expresidente Álvaro Uribe pudiera acceder nuevamente a la jefatura de Estado.

La razón fue que en la trascripción del artículo que se refiere a la reelección, en el cual se debía cambiar la figura del Consejo Superior de la Judicatura (que desaparece) fue vinculado un artículo transitorio de la Constitución que se aprobó en 2003, el cual establece que “quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República antes de la vigencia del presente acto legislativo sólo podrá ser elegido para un nuevo período presidencial”.

Ante esto, el senador Enríquez Maya dijo que “no existe la más remota posibilidad de que haya una nueva reelección del expresidente Uribe, porque ese es un parágrafo viejo que ya cumplió su cometido”.

fuente hoy diario del magdalena

ABREN PROCESO FISCAL CONTRA ANDRES URIEL GALLEGO

La Contraloría General de la República encontró un detrimento patrimonial por 7.820 millones de pesos en el contrato del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.

En ente de control halló, entre otras irregularidades, que el contrato del Runt arrancó sin acta de inició, lo que constituye una grave irregularidad.

Por esta razón, la Contraloría decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exministro Andrés Uriel Gallego.

"Encontramos que el contrato del Runt arrancó sin lo básico de cualquier contrato estatal que es un acta de inicio. El acta de inicio es lo primero que tiene que ocurrir en una actividad contractual cualquiera que sea por parte del Estado. Pero para el Runt fue autorizado directamente por el ministro de la época -Andrés Uriel Gallego- para que arrancara sin ese requisito", dijo el contralor delegado para Infraestructura, Nelson Izaciga.

Explicó que el contratista del Runt recaudó recursos públicos durante seis meses con un contrato suscrito sin el cumplimiento de los requisitos legales.

"Por no tener ese requisito, durante seis meses, tuvo una operación por una cifra de recaudo de 7 mil 820 millones de pesos sin respaldo ya que no tenía el requisito esencial de ley", sostuvo el funcionario.

Izaciga sostuvo que el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) es un mecanismo que sigue presentando graves fallas y no ha corregido los problemas que originaron su implementación, porque siguen apareciendo licencias fraudulentas, conductores con varias infracciones que obtienen licencias nuevas y hasta invidentes con permiso para conducir.

fuente hoy diario del magdalena

PREPARACION DEL AGRO ANTE TLC, NO ES SOLO RESPONSABILIDAD DEL ICA

Aunque las quejas de algunos gremios del sector agropecuario se han centrado en la falta de preparación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de cara a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la gerente de la entidad, Teresita Beltrán, considera que el panorama es diferente.

Beltrán señaló que a pesar de que hay aspectos que todavía son deficientes, se ha avanzado en temas importantes como el rediseño de la institución y el fortalecimiento de los controles en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

En entrevista con LR, la funcionaria explicó que la responsabilidad no puede ser toda del ICA, pues si se analizan factores como la transformación productiva y las certificaciones en buenas prácticas que tiene que conseguir el sector privado, es claro que los gremios no han hecho bien el trabajo.

Qué ha logrado la entidad luego del anuncio de su transformación?

Se han hecho muchas tareas. Por ejemplo, hemos mejorado los estatus sanitarios del país y el ICA hizo un rediseño institucional muy importante como preparación a los TLC. Ese rediseño fue fundamental porque creó áreas clave. Sin embargo, en su momento se trató de una reestructuración a cero costos, porque así la planteó el Gobierno pasado, entonces nos quedamos con un buen edificio pero sin con qué llenarlo.

No es un secreto que todavía falta hacer mucho y que llevamos año y medio en esta administración buscando mejorar. Pero el ICA es una entidad que viene golpeada desde hace 20 años.

Los gremios han criticado los avances de la entidad...

No quisiera que quedara en el papel que solo es culpa del ICA. Esa transformación es responsabilidad de todos.

Por ejemplo, hay unos requisitos de admisibilidad para leche y ganado bovino, en los que la primera exigencia es la certificación en buenas prácticas, y ahí surge la pregunta de en dónde están los gremios como facilitadores del proceso para que sus afiliados cumplan con las buenas prácticas. Los gremios no han hecho la tarea.

Uno de los temas que más se habla es el de la disponibilidad de profesionales. ¿En qué va la contratación?

Tenemos las dificultades de la función pública. Nos han dado recursos de fortalecimiento pero los hemos tenido que operar a través de contratación, y eso tiene una complicación muy grande porque no hay la agilidad que se necesita en términos de tiempo debido a que el sistema es complejo. Se pueden hacer todos los esfuerzos pero hay que seguir unos procedimientos.

Yo comparto la política del Estado y las advertencias de la Contraloría en el sentido de que las entidades públicas no deben funcionar como contratistas, porque nos gastamos seis meses del año contratando y entonces solo nos quedan seis meses para hacer la tarea, y lo cierto es que la sanidad agrícola y pecuaria no se toma vacaciones, esa es una tarea permanente.

Hoy una de las limitantes es la insuficiencia de recurso humano que pueda garantizar la permanencia en la entidad.

¿Qué otras dificultades se presentan?

La reforma institucional se hizo pero tiene la limitante de la contratación. También se han fortalecido programas especiales de semillas y puertos, pero el problema aquí ha sido de recursos, pues nos han dado dinero de inversión y no de funcionamiento.

¿Entonces cuáles son hoy las alternativas para mejorar la perspectiva del ICA?

No seguir haciendo cositas. Eso no sirve. La solución es de fondo, y por eso vamos a trabajar en una reforma de fondo en el ICA en la que se mire la arquitectura institucional, porque finalmente es una reforma que se hizo hace seis años, cuando no habían entrado en vigencia los TLC.

También buscamos que esa reforma plantee el tema del recurso humano, para que este sea suficiente, competente y permanente en la institución, y además, que no se trabaje a través de contratación. Otros aspectos son el de la infraestructura, porque es un hecho que hay limitantes, y el de la capacidad diagnóstica, que actualmente es buena pero que hay que seguir fortaleciendo. Esta reforma hay que mirarla en toda su integralidad.

¿Cuándo estará lista esta reforma?

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, está súper comprometido. Ya hemos hablado con la función pública y con la consejería, pero esta iniciativa tendrá un proceso que durará mínimo este año, porque en el Estado no solo es decir y hacerlo. Aquí hay toda una voluntad política por propiciar esa reforma.

Seguiremos los trámites administrativos, pero sí hay una moción y todos están comprometidos. Por el momento, ya tenemos un diagnóstico claro del tema y estamos en el proceso de definir lo que necesita el ICA.

Pero mientras se adelanta ese proceso de transformación ¿qué va a pasar con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos?

El ICA ha fortalecido los laboratorios de los puertos y ya estamos armando todo el plan operativo para responder a ese control que nos corresponde. Tampoco es que no hayamos hecho nada.

En esas estamos, y a partir del 15 de mayo las alertas estarán puestas, sobre todo en los productos hipersensibles. Lo que pasa es que aún se están fortaleciendo muchos temas, estamos contratando gente y viendo cómo mejoramos en esos aspectos.

¿Se podrá garantizar la sanidad de lo que se importará?

Claro. Nosotros tenemos las alertas. Parte de la reestructuración que se hizo hace dos años fue crear un sistema de primera barrera en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y ahí tenemos una fortaleza importante. Parte de ese esfuerzo ha estado en la creación y fortalecimiento de la Subgerencia de Protección de Fronteras y en el mejoramiento de nuestra capacidad para controlar la importación de los productos.

TODAVÍA FALTA HACER MUCHO MÁS

Según la gerente del ICA, Teresita Beltrán, entre los logros que se han conseguido en estos años de trabajo están el fortalecimiento de la institución y el incremento de su presencia en el territorio nacional. 'Si habláramos de las áreas clave que se han trabajado se destacan la creación de la Subgerencia de Protección de Fronteras, el fortalecimiento de nuestra presencia en todos los puertos y aeropuertos y el mejoramiento de los laboratorios de diagnóstico. Pero que hay que hacer más, sí. Por ejemplo, tenemos que darle más fuerza a la adopción de tecnología, proceso que se inició hace dos años', dijo.

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CORTE SOLICITA INVESTIGAR A LA CONTRALORA SANDRA MORELI

SEGÚN LA CONTRALORA, Sandra Morelli, algunos funcionarios de la Fiscalía no solo se limitan a no actuar frente a algunos procesos por estos hechos, sino que desacreditan el acervo probatorio de la Contraloría sobre estos apantes desfalcos en la salud, así como lo hacen las EPS.

La Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigue el presunto incumpliendo, por parte de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, de una sentencia de esa Corporación en la que se ordena que los directores de vigilancia fiscal deben ser elegidos mediante concurso y no designados.

Se trata de la sentencia C-284 del 2011 en la que se dispone que ese personal debía ser elegido mediante concurso y, al parecer, según denuncia de la Red de Veedurías, al menos 30 personas han sido designadas en sus cargos en la entidad. Morelli “habría incurrido tanto en falta disciplinaria como en un posible hecho punible por el presunto fraude a una resolución judicial toda vez que no dio cumplimento por algo más de una año a una sentencia vinculante de la Corte Constitucional”, precisó  el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien agregó que la inobservancia de Morelli a una decisión judicial “representa una afectación de 450 millones de pesos mensuales y una bolsa de empleo que ha manejado caprichosamente la señora Contralora a espaldas de la decisión”, dijo. Ese presunto desacato de la Contralora representaría cerca de 5 mil millones de pesos, según cálculos de la Red de Veedurías, contados desde la fecha en que se emitió la sentencia.

‘FISCALÍA Y LAS EPS ESTÁN DESCALIFICANDO A LA CONTRALORÍA’

Ante la plenaria del Senado la Contralora General de la República, Sandra Morelli, aseguró que la Fiscalía General de la Nación y los abogados de las EPS, están teniendo una “actitud sospechosa” para desacreditar las denuncias que ha hecho su organismo por corrupción en el sector de la salud.

Según Morelli, algunos funcionarios de la Fiscalía no solo se limitan a no actuar frente a algunos procesos por estos hechos, sino que desacreditan el acervo probatorio de la Contraloría sobre estos apantes desfalcos en la salud, así como lo hacen las EPS.

“Esa tendencia de descalificar de manera generalizada la actividad fiscalizadora de la Contraloría, nos parece mal sana, y en casos concretos con una identidad francamente sospechosa de argumentaciones entre autoridades y abogados defensores para casos concretos”, señaló la contralora Morelli. Agregó que le ha llamado la atención “la identidad de planteamientos hechos por los funcionarios de la Fiscalía, con las estrategias de defensa de los abogados defensores de las EPS”.

De otro lado, la contralora general aseguró que el superintendente de Salud, Conrado Gómez, la llamó y le dijo que iba a restituir completamente a Saludcoop, que se intervino por el escándalo de corrupción de la salud y critico el largo periodo de tiempo que estuvo intervenida.

 “Esas intervenciones excesivamente prolongadas en el tiempo, en el sector salud, en el sector financiero y en cualquier otro, lo que hacen es volver al Estado responsable de una situación de mala administración que crearon los dueños, en este caso los administradores de la respectiva empresa”, aseguró.

Morelli recordó que el escándalo de la salud llevó al país a un desfalco de 1 billón 140 mil millones de pesos.

AVALADOS AUMENTOS

La Contralora General de la República, Sandra Morelli, certificó en 5% el promedio del aumento de los sueldos de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia 2012.

Lo anterior indica que al ser aprobado por la Contraloría, el Gobierno ya puede entrar a ajustar estos salarios a los miembros del Congreso de la Republica en la presente vigencia fiscal.

La Contraloría indicó que a otros funcionarios de alto rango se les ajustará su asignación en igual proporción que a los Congresistas. Es el caso de los Magistrados del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia; al Procurador General, al Fiscal General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Registrador Nacional del Estado Civil.

Según el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Consejos Superiores de la Administración, Ministerios, Policía Nacional, Departamentos Administrativos, Superintendencia y Unidades Administrativas Especiales, sin personería jurídica.

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CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA REPLICA COSTO DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS.

La Cumbre de las Américas, realizada los días 14 y 15 de abril en Cartagena, representó para el erario un costo aproximado de $62.000 millones, según la información suministrada por la Cancillería, sin incluir los gastos del sector defensa ni de otros. Frente a esta cifra, el Consejo Superior de la Judicatura se preguntó ayer qué habría podido hacer con ese dinero la Rama Judicial.

Y el mismo se responde, por medio de un comunicado, que “con este monto, que fue invertido en sólo 2 días, la Rama Judicial habría podido crear y poner en funcionamiento pleno 150 juzgados, considerando 70 juzgados de nivel Municipal, 65 de nivel Circuito y 15 despachos de Magistrado que representan 5 Tribunales y 10 salas de audiencias”.

Y añade que “otra alternativa habría sido la creación e implementación de 125 juzgados, considerando 60 juzgados de nivel Municipal, 50 de nivel Circuito y 15 despachos de Magistrado, también con el respectivo mantenimiento y dotación de insumos por el lapso de un año, con lo cual se podría alivianar significativamente la congestión en materia civil. O bien, habrían podido construirse 3 Palacios de Justicia para ciudades intermedias (como Yopal, Girardot o Arauca)”.

Y finaliza diciendo que “en la Rama Judicial queda la inquietud sobre la lógica o la racionalidad que fundamenta la adopción de algunas decisiones relacionadas con la priorización de la asignación del gasto público”.

Esta comunicación se produce unos días después de que el Gobierno nacional lograra que los ponentes para sexto debate de la Reforma a la Justicia propusieran la eliminación de este Tribunal, pues hasta el quinto debate se aprobó la supresión de la Sala Administrativa y la permanencia de la Sala Disciplinaria.

El Consejo Superior de la Judicatura sería reemplazado por una Sala de Gobierno que se ocupará de la administración de la Rama, así como por la creación de un Consejo Disciplinario.

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SE ESTRENA ESTATUTO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

BOGOTÁ
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, calificó el recientemente aprobado nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos como “pieza fundamental para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en Colombia”.

 “El nuevo Estatuto consagra el uso de tecnologías de la información para el registro de la propiedad inmueble, tanto urbana como rural, lo cual redundará en mayor seguridad, un mejor servicio y menores costos para los usuarios”, afirmó el Ministro. En el mismo sentido, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, destacó la labor del Congreso de la República y afirmó que “no se elaboró un Estatuto para hoy, sino un Estatuto para el futuro.”

El Estatuto aprobado por el Congreso remplaza el del año 1970, con lo cual se pasa del registro manual a la digitalización de la información (a través de un nuevo sistema de información registral), la utilización de medios electrónicos y la simplificación de trámites. La nueva ley permite, por ejemplo, el pago de servicios y la radicación de documentos a través de medios electrónicos en Notarías, Despachos Judiciales y otras entidades. Asimismo, establece una Carrera Registral, similar a la notarial, en virtud de la cual registradores serán seleccionados mediante un concurso abierto de méritos.

El Superintendente Vélez subrayó que el nuevo Estatuto contiene medidas contundentes para reducir la informalidad en la propiedad inmobiliaria y prevenir graves irregularidades como las denunciadas por su despacho, relacionadas con el despojo jurídico de bienes inmuebles. Con el fin de regularizar la propiedad inmobiliaria, el Estatuto establece la figura de la “unidad móvil de registro” que permitirá realizar jornadas especiales de servicios registrales en los lugares más apartados de Colombia, priorizando a la población desplazada y campesina. Asimismo, el Superintendente Vélez afirmó que la apertura de folios de matrícula inmobiliaria para terrenos baldíos, en cabeza de la Nación, constituye una efectiva medida para prevenir futuros casos de despojo sobre este tipo de bienes.

PRINCIPALES PUNTOS

*Se establece un nuevo sistema de información registral que contendrá, en formato digital, toda la información acerca de la historia jurídica de los inmuebles, los índices de propietarios y de inmuebles y los antecedentes registrales. Para tal efecto, a partir de la entrada en vigencia de ley, la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá un término de cinco (5) años para la sistematización o digitalización de la información contenida en los libros del “antiguo sistema de registro”.

*Se establece un mecanismo novedoso de apertura de folios de matrícula inmobiliaria para predios baldíos. Con esto, los baldíos adjudicables ingresarán a un Sistema de Registro Inmobiliario, en donde el propietario inscrito será la Nación –a saber, el Incoder o Parques Nacionales Naturales de Colombia, según el caso–, con miras a evitar más casos de despojo en contra de la Nación.

*Se crea la “unidad móvil de registro” que permitirá realizar jornadas especiales de servicios registrales y, en particular, de formalización de la propiedad de inmuebles ubicados en zonas apartadas sin oferta presencial del servicio, priorizando a la población desplazada.

*Se crea una Carrera Registral en donde los méritos profesionales y académicos serán el factor preponderante para el nombramiento de los Registradores de Instrumentos Públicos, previo un concurso abierto para el efecto. Asimismo, se crea el Consejo Superior de la Carrera Registral como el organismo rector de la Carrera Registral.

*Se amplían las funciones de inspección, vigilancia y control y se faculta a la Superintendencia de Notariado y Registro para hacer intervenciones de oficinas de registro de  instrumentos públicos y designar interventores que asuman las funciones de los registradores mientras dure la intervención.

*Se moderniza el sistema o proceso de registro con el fin de prestar un mejor servicio al ciudadano. Por ejemplo, la radicación de instrumentos públicos y los pagos por los servicios podrán hacerse  a través de medios electrónicos.

*Por necesidades del servicio, se faculta a la Superintendencia de Notariado y Registro para realizar traslados de funcionarios y registradores dentro del círculo regional al cual pertenecen.

*Se conforman cinco regiones registrales: Caribe, Región Pacífica, Central, Andina y Orinoquía- Amazonía, con el fin de poder ejercer un mejor control de las oficinas de registro.

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CONCEJAL SOLICITO A LA PROCURADURIA INVESTIGAR EL INCREMENTO DEL PREDIAL

Ante  las inquietudes manifestadas por los ciudadanos, especialmente los dueños de predios en el distrito de Santa Marta con relación al incremento en el Impuesto Predial Unificado, el concejal Jaime Linero Ladino solicitó a la Procuraduría General de la Nación y Regional del Magdalena que inicien una investigación a la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, en esta capital.

Lo anterior se reflejó en el aumento del tributo que deben pagar los samarios. "Esto es fruto de la actualización catastral realizada por el Igac, lo que conlleva a un incremento que supera lo permitido por la Ley", explicó el concejal.

Dijo que "la revisión debe hacerse inmediatamente en razón a que dicha actualización catastral no se ajusta a las características y condiciones del predio".

Agregó además que la actualización catastral busca que se logren mayores recaudos en los municipios para que estos recursos se devuelvan a la comunidad en programas de inversión.

"Esto no va a ser posible en razón de este despropósito originado por tal actualización, porque paradójicamente en la actualidad se reflejan menores ingresos en las arcas del distrito de Santa Marta porque los propietarios de los inmuebles se tornan renuentes a cancelar este concepto", manifestó el concejal Linero Ladino.

La solicitud indica que se requiere una investigación disciplinaria sobre los modos, tiempos, lugar y factores que se tomaron en cuenta para realizar la actualización de la cédula catastral, la omisión de la entrega del resultado, si se informó sobre el proceso a la ciudadanía y a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el personal contratado para realizar el trabajo de campo, las variables urbanas y rurales utilizadas por los funcionarios del Igac, entre otros aspectos.

 OTROS REQUERIMIENTOS

Unos requerimientos similares se le hicieron a los directivos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, y la Secretaría de Hacienda Distrital. 

A través de un derecho de petición se les solicitó informar cuáles fueron los procedimientos y parámetros utilizados para incrementar los valores del Impuesto Predial, una vez que se entregó por parte del Igac la actualización catastral; la relación contractual que autorizaba al Instituto a realizar los trabajos de actualización de la cédula catastral de la ciudad; porqué no se presentó esto a la ciudad; si dentro del software que incrementó los predios con relación a la actualización se hicieron bajo los parámetros establecidos en la ley 44 de 1990, entre otros puntos.

La clase de tarifas que se aplican en la ciudad tanto en el área urbana como rural, los argumentos técnicos y jurídicos para el incremento y procesos similares previos.

fuente el hoy diario del magdalena