En algunos casos, las hipotecaron o embargaron. El expediente pasa a la Fiscalía.
El informe oficial sobre la ocupación del Parque Nacional Tayrona, a punto de ser revelado por el Gobierno, es devastador. La gran conclusión es que, sin que ninguna autoridad lo impidiera, un grupo de colonos, empresarios y familias de renombre feriaron el 70 por ciento de sus 15 mil hectáreas oficiales, y hoy la Nación tan solo tiene bajo su dominio 4.619.
EL TIEMPO estableció que la situación es de tal gravedad que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Frank Pearl, acaba de ordenar que se envíe el expediente a la Fiscalía y conminó al Incoder, a la Dirección de Parques Naturales y a la Superintendencia de Notariado para que estructuren un plan de choque que le permita a la Nación recuperar el pleno dominio de ese territorio único, ubicado en el departamento del Magdalena.
El hallazgo que más preocupa es que, después de la declaratoria de Parque Nacional -que prohibió la comercialización de esa tierra desde 1964- se realizaron al menos 172 compraventas que involucran 9.636 hectáreas del parque.
Según el informe, 28 personas y empresas que lograron hacerse a esos retazos del Tayrona, los hipotecaron. Esas transacciones aparecen a nombre de Agropecuaria del Norte y de miembros de las familias Chacín de Luque, Castro Rodríguez, García Gámez y Acosta Morales, entre otras. Algunas firmas comprometieron la tierra en negocios y ahora hay 30 embargos vigentes.
En este capítulo figuran Inversiones Gaviota, Urbanizadora Villa Concha, Inversora Alfa, Eduardo Dávila Armenta, José Gregorio Dávila Sánchez, Camilo Dávila Jimeno, Raúl Dávila Jimeno, Asturio Narváez y otras personas naturales.
¿Corrieron la cerca?
Según fuentes del Ministerio de Ambiente, las pesquisas también dan cuenta de 9 casos en los que el área de los predios en poder de privados aumentó sin justificación legal. Uno de ellos es Las Mercedes, de Jurado Ramos & Cía. Su área era de 190 hectáreas, pero después aparecieron 500. Otro predio que se multiplicó fue Villa Concha, a nombre de Julio y Mercedes Sánchez. De 400 pasó a 1.389 hectáreas.
Todos ellos serán llamados para que justifiquen cómo ampliaron sus linderos. También serán citados por las autoridades funcionarios del viejo Incora y del Incoder, que adjudicaron ilegalmente 329 hectáreas de parque, y varios funcionarios de curadurías urbanas de Santa Marta que aprobaron 12 licencias de construcción en predios del Tayrona a nombre de firmas como CI Tequendama, A&L Dávila S.C.A. y Mauro del Mastio.
EL TIEMPO revisó las empresas y personas que aparecen en el informe del Gobierno, y encontró a varias que han estado implicadas en polémicas y en procesos judiciales recientes.
Empresarios con prontuario
Eduardo Dávila Armenta, por ejemplo, pagó una pena por narcotráfico y hoy está preso por supuestos nexos con 'paras' y con un crimen. Además, varios de sus predios son objeto de procesos de extinción de dominio por narcotráfico, incluido uno en el Tayrona.
La CI Tequendama S.A. -de los Dávila Abondano, involucrados en los subsidios del AIS- aparece en el proceso por el supuesto falso desplazamiento en Las Pavas (Bolívar), hoy en investigación. Y la Urbanizadora Villa Concha -vinculada a Dávila Armenta- fue noticia en el 2001 cuando impulsó un 'mico' legislativo para aprobar un puerto en el parque.
Otra de las empresas mencionadas es Arrecifes S.A., que figura aportando predios del Tayrona a otra firma. Precisamente en esos predios, cuya propiedad debe aclarar, proyectaba levantar el polémico hotel siete estrellas que el Gobierno tuvo que reversar.
EL TIEMPO también halló que varias empresas a las que se les quiere exigir la devolución de hectáreas -como Inversora Alfa- están en liquidación o en la moribunda Dirección de Estupefacientes. Además, los dueños de un puñado de chalets ilegales, los desmontaron en diciembre, cuando se anunció la investigación. Pero otros preparan una ofensiva jurídica para demostrar -dicen- la legalidad de su posesión.
Algunos de estos casos habían sido denunciados por EL TIEMPO en 1998 sin que las autoridades procedieran. Esta vez, el gobierno Santos ordenó la recuperación inmediata de 2.610 hectáreas, cuyos tenedores no acreditaron dominio. Y después iniciará la ofensiva administrativa y judicial para ir por el resto.
Varias de las empresas y personas implicadas en la ocupación irregular del Tayrona -entre ellos la familia Dávila Abondano y la familia Jurado Ramos- alegan que algunos de sus predios están por fuera de los linderos del Parque.
Y EL TIEMPO comprobó que dentro del propio Gobierno hay diferencias de fondo en torno a este tema.
Por un lado, los folios y registros que tiene en su poder la Superintendencia de Notariado -que adelantó la investigación sobre las propiedad del parque- señalan que el Tayrona mide 15 mil hectáreas. Pero la Dirección de Parques Naturales, que depende del Ministerio de Ambiente, asegura que son 19.256 y así lo certificó cuando el Gobierno Santos ordenó el estudio de títulos. Y el Instituto Agustín Codazzi tiene cartografía con mayores dimensiones.
Esa falta de claridad en los registros -de más de 4.000 hectáreas- ha desencadenado una controversia en Santa Marta en donde se está denunciando que un cementerio, dos canteras y el relleno sanitario de la ciudad quedan en zonas protegidas.
"El relleno está en el Parque Natural Bondigua y este forma parte de la zona de amortiguación del Tayrona, extinguida a particulares en 1969", asegura Alejandro Arias, abogado que denunció el caso ante la Fiscalía.
'Estamos a 6 kilómetros'
Pero Interaseo S.A. E.S.P., encargada del relleno, dice que está a 6 kilómetros del Tayrona y que tiene todas las licencias en regla.
"Mediante resolución 1581 de 2000, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena nos dio licencia para construir y operar el relleno y esta fue ratificada en el 2002 por el Ministerio de Ambiente", dijo el vocero de la firma.
También negó que estén operando en el Bondigua. Según ellos, el acuerdo 5 de 2004 cambió su uso y autorizó el funcionamiento del relleno, para cumplir una orden de la Corte Constitucional. También negaron estar en zona de amortiguamiento y dicen que así lo confirma una sentencia del Consejo de Estado de 2010. El tema tendrá que ser solucionado por la oficina del ministro Frank Pearl.
Las maniobras detectadas
En el informe del Gobierno -en poder de Minambiente- hay detectados 7 mecanismos para acceder a retazos del Tayrona.
1. Ventas ilegales
El Gobierno reversará 172 compraventas que comprometen 9.636 ha. Fueron realizadas después de la creación del parque. Se consideran ilegales por ser tierras de la Nación que no se pueden comercializar.
2. Parcelación ilícita
El viejo Incora y el propio Incoder entregaron 329 hectáreas de parque a pesar de estar prohibido. Ya se ordenó reversar esas adjudicaciones e investigar a los funcionarios que las aprobaron.
3. 12 licencias turbias
Varios curadores y excuradores urbanos de Santa Marta serán investigados por aprobar doce licencias de construcción en el Tayrona. Hay más de una decena de hectáreas comprometidas.
4. Linderos corridos
El Gobierno documentó nueve casos en que los tenedores aumentaron el área de los predios en su poder. Según investigadores, hay comprometidas 4.142 hectáreas de parque y nueve empresas.
5. Hipotecas
Cerca de mil hectáreas que pertenecen a la Nación fueron hipotecadas a firmas y personas como garantía de deudas personales. Igual pasó con 1.454 hectáreas sobre las que pesan 18 embargos judiciales.
6. Aportes a firmas
1.985 hectáreas fueron entregadas a las firmas Arrecifes S.A., Ecocinto Ltda., Jurado Ramos y Cía. S. en C.S., a los Dávila Armenta y a Gustavo Pradilla Camargo, a manera de aportes de capital.
7. Vacas pastando
Autoridades aprobaron la creación de firmas de ganadería y agricultura en 1.112 hectáreas del parque. Son Sociedad Vargas y Vargas, Agropecuaria del Norte, CI La Samaria S.A. y Rafael Gandia Valero.
Hablan empresarios
"Arrecifes es dueña de 3 predios desde 1961. Pero cambiamos de nombre en 2007 y por eso hay confusión. Hace 60 años nos adjudicaron la tierra y es increíble que la quieran expropiar. Fallos de cortes nos respaldan". (Vocero de Arrecifes S.A.)
"En Rancho Azul se hacen labores de ganadería, pero el predio no pertenece al Tayrona. Tampoco se han adjudicado baldíos a C.I. Tequendama y nunca se han solicitado licencias de construcción".
(Vocero de Daabon)
"Llevamos 40 años con el predio Las Mercedes, que no hace parte del Tayrona. Cambiamos de razón social e investigamos si ahí está la confusión, y no hemos ampliado el predio. No hicimos nada ilegal". (Nancy Jurado, Representante de Jurado Ramos & Cia)
Un 28 % de la Urbanizadora Villa Concha -de Dávila Armenta- fue extinguida y otras firmas de sus ex cuñados están afectadas por el proceso. Al cierre de la edición, varios mencionados en el informe no habían respondido las llamadas de EL TIEMPO.
Fuente El Tiempo
