Golpe directo a las cesantías de los trabajadores
El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, radicó el pasado 16 de mayo el Proyecto de Ley 241 en la Secretaría General del Senado, el cual dispone una nueva regulación a las cesantías. De aprobarse, los trabajadores no podrán contar con el 100% de estas para arreglar sus casas o pagar sus estudios, entre otras cosas, como lo venían haciendo.
Este proyecto de Ley pretende que tan solo el 50% del valor de las cesantías se sigan consignando en la respectiva cuenta que cada trabajador debe tener en los Fondos para dicho fin. El dinero restante, o sea el otro 50%, deberá consignarse mensualmente en Fondos de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo, en cuotas del 4,17% del valor de sus ingresos.
Con lo anterior, el gobierno busca proteger al trabajador cesante y a través de éste Fondo le devolverá en seis cuotas mensuales el 50% restante mientras este desempleado; establece que si la persona se vincula laboralmente, las devoluciones cesaran.
Si bien la intención del gobierno parece una buena medida, esta luce como un detrimento en los bolsillos de los trabajadores. Uno de los aspectos es que el 12% anual de los intereses a las cesantías solo se pagará sobre la mitad que se consigna a la cuenta tradicional del asalariado en los fondos privados. En otras palabras, los intereses a las cesantías se reducen al 6% anual, pues se pagará el 12% sobre el 50% de estas.
Otra ampolla en los pies de los trabajadores que queden sin trabajo, son la burocracia y la tramitomanía que se formará alrededor de este proyecto, pues el desempleado deberá registrarse en las bolsas públicas de empleo que se crearan para este fin, también tendrá que gestionar la devolución del seguro de desempleo ante las oficinas de Protección al Cesante.
Pero como si lo anterior no bastara, y después de todo este proceso, el cesante no podrá recibir un solo peso hasta que haya recibido capacitación y re entrenamiento, como lo ordena el artículo16 del proyecto de ley. Lo que no es claro es cuanto puede durar el proceso desde que el trabajador pierde su empleo hasta el día en que reciba dicho subsidio. Lo que sí es claro es que la ley anti trámites no fue tenida en cuenta al diseñar esta ley.
Al aprobarse la solicitud, el cesante también tendrá que tener en cuenta que esta “ayuda delgobierno” no excederá los dos salarios mínimos y podrá ser solicitada solo cada cinco años, no sin antes haberse registrado en el Servicio Público de Empleo.
Los trabajadores independientes podrán ser parte del sistema de protección al cesante, más no al fondo solidario, para lo cual tendrán que aportar el 4,17 por ciento del salario mínimo mensual legal vigente (50 por ciento anual como asalariados), en este punto la ley tampoco es clara, pues no establece bases concretas para regular ni vigilar al trabajador independiente, pues muchos pueden afiliarse al sistema y luego declararse desempleados con el único fin de acceder a las prestaciones.
Las cajas de compensación familiar (CCF) también se verán afectadas, pues la disposición del gobierno dentro del marco de esta Ley es que el trabajador y las empresas financien estos fondos. El trabajador con la mitad de sus cesantías y las empresas con un punto de los cuatro que destinan a las CCF.
Con esto, las cajas de compensación familiar tendrán que hacer ajustes severos a sus programas sociales y porque no, hasta pueden llegar a desaparecer, pues sus ingresos se verían disminuidos en un 25 por ciento. Es de notar que el gobierno no ha autorizado el incremento que las empresas hacen (aportes parafiscales) a las CCF desde que se establecieron en 1957.
Para ASOCAJAS el reducir los ingresos a las cajas de compensación familiar afectaría enormemente sus proyectos benéficos para las personas de bajos recursos que son aproximadamente el 90,5% de sus afiliados. Son miles los beneficiados con los programas sociales que adelantan todas las CCF mensualmente
Así pues, usar las cesantías como se hacía antes para comprar, ampliar, remodelar vivienda o pagar por los estudios o el de los hijos se verá reducido a la mitad. También se verán afectados los diferentes programas sociales y ayudas económicas que muchos reciben de las cajas de compensación, tal como el subsidio familiar. Si el gobierno en verdad quiere sostener un seguro de desempleo, como existe en la mayoría de países de Europa y los Estados Unidos, para ayudar a la población que pierde su trabajo debería acudir a mecanismos que no toque el bolsillo del trabajador ni disminuya el ingreso que reciben las cajas de compensación familiar. Miles serán afectados de pasar este proyecto de ley y pocos los beneficiados, sobre todo aquellos que devengan un salario mínimo.
Fuente KienKe
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