En Santa Marta hay un alcalde rehén
Carlos Caicedo sabía que no la iba a tener fácil como alcalde de Santa Marta. Desde que decidió lanzarse, recibió amenazas de muerte y tuvo que luchar contra una campaña sucia, liderada por la tradicional clase política samaria, contra la que se ha enfrentado en varias ocasiones. Lo que tal vez nunca se imaginó es que iba a encontrar una ciudad prácticamente en quiebra y sin mucho margen de maniobra para sacarla adelante, como prometió en su campaña.
La deuda de Santa Marta, que tiene a la ciudad en Ley 550 desde 2004, solo ha ido en aumento. La actual administración encontró que en los últimos cuatro años ascendió de 47.028 a 178.533 millones. La tercera parte de las deudas son condenas judiciales y algunas están siendo investigadas porque detrás de ellas habría un cartel de embargos. Otro gran porcentaje de las deudas proviene del sector de la salud y los acreedores completan la tercera parte.
El alcalde saliente, Juan Pablo Díaz Granados, dijo en su informe de empalme que había 1.363 condenas contra la ciudad. Pero la nueva administración ha encontrado 2.015 hasta el momento y no ha terminado de revisar. Apenas se dieron a conocer la disparidad en las cifras, el exalcalde Granados dijo que los asesores de Caicedo se habían equivocado y que esperaba que corrigieran y rectificaran los "errores involuntarios" que enlodan su gestión.
Pero la diferencia en las cifras, en realidad, es lo de menos. En salud y educación se está hablando de carruseles. Entre 2008 y 2011, aumentó el gasto pero, paradójicamente, el número de afiliados al régimen subsidiado de salud disminuyó de 282.335 a 281.482 y tres hospitales concentran más de la mitad de la deuda. En educación tampoco aumentó la cobertura, al contrario, pasó del 92 por ciento al 84 por ciento y el número de colegios oficiales disminuyó, al pasar de 79 en 2007 a 70 en 2011. El Ministerio de Educación ha denunciado que han girado tres veces los recursos para hacerle el ajuste al régimen salarial de los maestros. La administración anterior también construyó tres megacolegios que costaron 27.000 millones de pesos, pero solo incrementó la cobertura en 95 estudiantes. La construcción de estos planteles está en la mira de la Contraloría porque, además, se hicieron con recursos de vigencias futuras.
Lo grave de que la ciudad esté tan endeudada es que el alcalde no tiene recursos para mejorar la calidad de vida y servicios de sus habitantes porque los recursos que percibe se le van en saldar deudas. Pero aun si los tuviera, el alcalde también enfrentaría grandes obstáculos para mejorar algunos de los servicios públicos. "La ciudad está totalmente concesionada", le dijo Caicedo a SEMANA. Algunos antecesores dejaron firmados contratos que prestan un servicio deficiente y que a su vez contribuyen al desangre financiero de la ciudad.
Lo peor es que el Concejo de la ciudad, conociendo la situación, sacó un acuerdo en el que le prohíbe al alcalde hacer cualquier modificación o adición, o caducar las concesiones sin su previa autorización. En los corrillos políticos de Santa Marta se habla en voz baja de que las concesiones tienen dueño político y que sus intereses están representados en el Concejo. Por tal motivo, y porque Caicedo ha querido establecer una relación distinta con los concejales que no se base en cuotas y puestos en la administración, el Concejo aprobó ese acuerdo.
Es difícil decir quiénes son los verdaderos dueños de las concesiones, pues no aparecen como representantes legales ni en las juntas directivas de las empresas. Lo que sí se puede decir es que las empresas que tienen las concesiones están interconectadas entre sí o a través de las empresas interventoras, que no han servido para mucho porque algunos contratos no tienen interventoría desde hace años o nunca han sido sancionados.
Por ejemplo, la alcaldía de Caicedo hizo un seguimiento a las rutas de recolección de basura de la empresa Interaseo y encontró que está dejando de recolectar 100 toneladas diarias en tres de las rutas y que los camiones están en mal estado. Interaseo, del empresario William Vélez, tiene la concesión desde 1993, pero en 2005 se amplió la duración del contrato hasta 2027.
Otra empresa de Vélez que tiene contratos con la ciudad es MetroAgua, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado desde 1989. Este contrato ha tenido varias modificaciones. En 1997 fue prorrogado hasta 2017 y luego, en 2000, fue modificado para que la ciudad no solo dejara de percibir los rendimientos de la empresa, sino para excluir al Distrito como interventor del contrato y eliminar la cláusula que le permitía caducar el contrato por incumplimiento. Esto es grave porque la ciudad tiene sectores enteros sin acueducto y alcantarillado y la Superintendencia Delegada de Acueducto y Alcantarillado ha advertido que el servicio es deficiente, con constantes rebosamientos. Además, un informe del Instituto Nacional de Salud reveló que entre 2007 y 2011 (excepto 2010), los samarios tomaron agua que no era potable. La empresa es auditada por la firma Decolda, pero no ha sido sancionada.
Decolda también le hace auditoría a la unión temporal Diselecsa-Eléctricas de Medellín, compañías del grupo Merlano y de William Vélez, respectivamente. Estas empresas tienen la concesión del alumbrado público desde 1997, con vigencia hasta 2017. La otra concesión a la que Decolda le hace interventoría es la de amoblamiento urbano. El representante legal de las empresas que tienen este contrato es Jaime Lafaurie Vega, que también tiene participación en otros contratos con el Distrito, como el de los servicios de grúas y patios que en nueve años no ha tenido interventoría, a pesar de que la Contraloría lo señaló en dos ocasiones distintas, y tenía también la concesión del Siett (tránsito y semaforización).
Algunas empresas han mostrado voluntad para trabajar de la mano con la Alcaldía y mejorar la prestación de los servicios, por ejemplo, MetroAgua e Interaseo. Pero con otras el alcalde Caicedo empezó una batalla. Sin tener en cuenta el acuerdo del Concejo, que ya fue demandando ante el Tribunal del Magdalena, declaró nula la concesión del Siett, porque era perjudicial para el Distrito. Pero los concesionarios interpusieron tutela y el Consejo de Estado dejó sin efecto el fallo que decretaba la nulidad de la concesión el pasado 29 de marzo. También empezó el 14 de marzo un proceso administrativo contra la empresa Recaudos y Tributos, que tiene concesión vigente hasta 2023. El contrato no tiene interventor, solo una supervisión por parte del Ministerio de Hacienda, y maneja todas las bases de datos del Catastro Distrital. Revisando una pequeña muestra, la administración actual encontró que algunos ricos estaban pagando pocos impuestos y algunos pobres pagaban más de la cuenta. SEMANA intentó comunicarse con los representantes de estas dos concesiones, pero no fue posible hablar con ellos antes del cierre de la edición.
Para completar, ahora Caicedo enfrenta una investigación en la Fiscalía, pues sus adversarios políticos lo señalan de haber beneficiado con contratos a paramilitares mientras fue rector de la Universidad del Magdalena, desde donde se enfrentó al exgobernador Trino Luna, condenado por parapolítica, quien lo acusó en su momento de pertenecer a la guerrilla.
Con este difícil panorama, el Concejo en contra, la ciudad sin fondos y en manos de privados que prestan servicios deficientes, es poco lo que Caicedo puede hacer, a pesar de sus buenas intenciones.
El alcalde saliente, Juan Pablo Díaz Granados, dijo en su informe de empalme que había 1.363 condenas contra la ciudad. Pero la nueva administración ha encontrado 2.015 hasta el momento y no ha terminado de revisar. Apenas se dieron a conocer la disparidad en las cifras, el exalcalde Granados dijo que los asesores de Caicedo se habían equivocado y que esperaba que corrigieran y rectificaran los "errores involuntarios" que enlodan su gestión.
Pero la diferencia en las cifras, en realidad, es lo de menos. En salud y educación se está hablando de carruseles. Entre 2008 y 2011, aumentó el gasto pero, paradójicamente, el número de afiliados al régimen subsidiado de salud disminuyó de 282.335 a 281.482 y tres hospitales concentran más de la mitad de la deuda. En educación tampoco aumentó la cobertura, al contrario, pasó del 92 por ciento al 84 por ciento y el número de colegios oficiales disminuyó, al pasar de 79 en 2007 a 70 en 2011. El Ministerio de Educación ha denunciado que han girado tres veces los recursos para hacerle el ajuste al régimen salarial de los maestros. La administración anterior también construyó tres megacolegios que costaron 27.000 millones de pesos, pero solo incrementó la cobertura en 95 estudiantes. La construcción de estos planteles está en la mira de la Contraloría porque, además, se hicieron con recursos de vigencias futuras.
Lo grave de que la ciudad esté tan endeudada es que el alcalde no tiene recursos para mejorar la calidad de vida y servicios de sus habitantes porque los recursos que percibe se le van en saldar deudas. Pero aun si los tuviera, el alcalde también enfrentaría grandes obstáculos para mejorar algunos de los servicios públicos. "La ciudad está totalmente concesionada", le dijo Caicedo a SEMANA. Algunos antecesores dejaron firmados contratos que prestan un servicio deficiente y que a su vez contribuyen al desangre financiero de la ciudad.
Lo peor es que el Concejo de la ciudad, conociendo la situación, sacó un acuerdo en el que le prohíbe al alcalde hacer cualquier modificación o adición, o caducar las concesiones sin su previa autorización. En los corrillos políticos de Santa Marta se habla en voz baja de que las concesiones tienen dueño político y que sus intereses están representados en el Concejo. Por tal motivo, y porque Caicedo ha querido establecer una relación distinta con los concejales que no se base en cuotas y puestos en la administración, el Concejo aprobó ese acuerdo.
Es difícil decir quiénes son los verdaderos dueños de las concesiones, pues no aparecen como representantes legales ni en las juntas directivas de las empresas. Lo que sí se puede decir es que las empresas que tienen las concesiones están interconectadas entre sí o a través de las empresas interventoras, que no han servido para mucho porque algunos contratos no tienen interventoría desde hace años o nunca han sido sancionados.
Por ejemplo, la alcaldía de Caicedo hizo un seguimiento a las rutas de recolección de basura de la empresa Interaseo y encontró que está dejando de recolectar 100 toneladas diarias en tres de las rutas y que los camiones están en mal estado. Interaseo, del empresario William Vélez, tiene la concesión desde 1993, pero en 2005 se amplió la duración del contrato hasta 2027.
Otra empresa de Vélez que tiene contratos con la ciudad es MetroAgua, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado desde 1989. Este contrato ha tenido varias modificaciones. En 1997 fue prorrogado hasta 2017 y luego, en 2000, fue modificado para que la ciudad no solo dejara de percibir los rendimientos de la empresa, sino para excluir al Distrito como interventor del contrato y eliminar la cláusula que le permitía caducar el contrato por incumplimiento. Esto es grave porque la ciudad tiene sectores enteros sin acueducto y alcantarillado y la Superintendencia Delegada de Acueducto y Alcantarillado ha advertido que el servicio es deficiente, con constantes rebosamientos. Además, un informe del Instituto Nacional de Salud reveló que entre 2007 y 2011 (excepto 2010), los samarios tomaron agua que no era potable. La empresa es auditada por la firma Decolda, pero no ha sido sancionada.
Decolda también le hace auditoría a la unión temporal Diselecsa-Eléctricas de Medellín, compañías del grupo Merlano y de William Vélez, respectivamente. Estas empresas tienen la concesión del alumbrado público desde 1997, con vigencia hasta 2017. La otra concesión a la que Decolda le hace interventoría es la de amoblamiento urbano. El representante legal de las empresas que tienen este contrato es Jaime Lafaurie Vega, que también tiene participación en otros contratos con el Distrito, como el de los servicios de grúas y patios que en nueve años no ha tenido interventoría, a pesar de que la Contraloría lo señaló en dos ocasiones distintas, y tenía también la concesión del Siett (tránsito y semaforización).
Algunas empresas han mostrado voluntad para trabajar de la mano con la Alcaldía y mejorar la prestación de los servicios, por ejemplo, MetroAgua e Interaseo. Pero con otras el alcalde Caicedo empezó una batalla. Sin tener en cuenta el acuerdo del Concejo, que ya fue demandando ante el Tribunal del Magdalena, declaró nula la concesión del Siett, porque era perjudicial para el Distrito. Pero los concesionarios interpusieron tutela y el Consejo de Estado dejó sin efecto el fallo que decretaba la nulidad de la concesión el pasado 29 de marzo. También empezó el 14 de marzo un proceso administrativo contra la empresa Recaudos y Tributos, que tiene concesión vigente hasta 2023. El contrato no tiene interventor, solo una supervisión por parte del Ministerio de Hacienda, y maneja todas las bases de datos del Catastro Distrital. Revisando una pequeña muestra, la administración actual encontró que algunos ricos estaban pagando pocos impuestos y algunos pobres pagaban más de la cuenta. SEMANA intentó comunicarse con los representantes de estas dos concesiones, pero no fue posible hablar con ellos antes del cierre de la edición.
Para completar, ahora Caicedo enfrenta una investigación en la Fiscalía, pues sus adversarios políticos lo señalan de haber beneficiado con contratos a paramilitares mientras fue rector de la Universidad del Magdalena, desde donde se enfrentó al exgobernador Trino Luna, condenado por parapolítica, quien lo acusó en su momento de pertenecer a la guerrilla.
Con este difícil panorama, el Concejo en contra, la ciudad sin fondos y en manos de privados que prestan servicios deficientes, es poco lo que Caicedo puede hacer, a pesar de sus buenas intenciones.
Tomado de la Revista Semana
