Un minero busca diamantes en bruto en las minas a cielo abierto a las afueras de Koidu, distrito de Kono, al este de Sierra Leona. / EFE / Der: Charles Taylor. Izq: Ian Smillie
Que el Tribunal Especial para Sierra Leona condene a Charles Taylor, expresidente de Liberia, sienta un precedente contra la impunidad en la larga historia de corrupción y violencia relacionada con el comercio de diamantes en África. Sin embargo, según le cuenta a El Espectador Ian Smillie —el primero de los 115 testigos que declararon en el histórico juicio contra el exmandatario en La Haya—, aún falta mucho por hacer para regular el tráfico ilícito de piedras preciosas, que cobró miles de vidas durante las llamadas guerras de los diamantes en la década de los 90, y sigue siendo un negocio que se traduce en la riqueza en Europa y la miseria en el continente negro.
Smillie es uno de los más reconocidos expertos en el mercado de diamantes en el mundo y ha impulsado estrategias para regular el contrabando y promover el desarrollo en los países que producen las apetecidas gemas. Llegó a Sierra Leona, por segunda vez, en 1996, cuando el país estaba en plena guerra civil. Estuvo en el distrito de Kono, corazón de la actividad minera del país “controlada, la mayor parte del tiempo, por el Frente Unido Revolucionario (RUF, sus siglas en inglés)”, recuerda el experto, quien demostró que a la cabeza de esas fuerzas insurgentes estaba Taylor y su oscuro negocio de los diamantes.
Antes de la guerra, según el reporte de Smillie, los diamantes sierraleoneses eran exportados de varias maneras. Un pequeño porcentaje era explotado legalmente, a través de compañías gubernamentales. De los contrabandeados, muchos llegaban a Bélgica y Líbano, otros eran llevados por los marakas (los itinerantes comerciantes del occidente de África) hacia Liberia, Costa de Marfil, Guinea y Gambia.
Pero una vez llegaron los rebeldes armados del RUF y estalló la guerra civil, las cosas cambiaron. La mayoría de los diamantes fueron enviados ilegalmente hacia Liberia, a cambio de armas. Uno de los testimonios que recogió Smillie durante la guerra y que presentó ante el Tribunal es el de un miembro del RUF que fue minero en el distrito de Kono. “El general Issay Sesai es la persona responsable de comprar las armas y la munición para el RUF. Normalmente lo hace a través de Charles Taylor en un sistema de trueque. Cuando Issay lleva nuestros diamantes al presidente Taylor, recibe armas y munición para el RUF”, aseguró.
En principio, los diamantes de Sierra Leona fueron utilizados para financiar no sólo al RUF, sino a las fuerzas rebeldes de Taylor (Frente Patriótico Nacional de Liberia), que lo llevaron a la presidencia en 1997. Una vez en el poder, Taylor, quien heredó un estado en bancarrota, incrementó casi cinco veces las exportaciones de diamantes “liberianos” —que en realidad eran sierraleoneses— y cuyo destino final fue, en su mayoría, Bélgica, algo que Smillie llama un “fraude de proporciones mayores”.
Las arcas de Taylor crecían durante la guerra tanto como la violencia en Sierra Leona. Los insurgentes del RUF, en su intento de desestabilizar al gobierno sierraleonés y apoderarse de las principales minas del país, hicieron que más de la mitad de la población fuera desplazada y alrededor de 75 mil personas perdieran la vida desde 1991 hasta 2002, según Amnistía Internacional. Mujeres y niñas sufrieron un número elevado de violaciones y otros actos de violencia sexual. Más de 5.000 menores fueron reclutados a la fuerza para combatir tanto con tropas gubernamentales como con opositoras. Son conocidas las imágenes de niños mutilados y de otros tantos esclavizados y obligados a arañar la tierra, en condiciones de absoluta miseria, en búsqueda de los tesoros destinados a enriquecer el país vecino.
El experto canadiense dice que, a pesar de que en su reporte hay suficiente evidencia científica de que en el suelo liberiano no se producen diamantes de alta calidad como los de Sierra Leona, el expresidente Taylor y su ministro de Tierras, Minas y Energía, Jenkins Dunbar, intentaron en vano demostrar al Consejo de Seguridad de la ONU que su país tenía significativos recursos de diamantes. “Dunbar nos llevó hasta un sitio donde vimos un área de cerca de 100 acres recientemente explotada. Alguien apareció para mostrarnos una pequeña muestra de diamantes que supuestamente habían sido encontrados allí. No había más de 10 ó 15 mineros en todo el área. No parecía un sitio donde hubiera ocurrido un hallazgo importante”.
El reporte de 35 páginas que Smillie presentó a los jueces de Taylor derrumbó los argumentos del expresidente, que aún después de ser declarado culpable por haber instigado y colaborado en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, sigue reclamando su inocencia y sostiene que trabajó por la paz tanto de su país como de Sierra Leona. “Es un mentiroso”, se limitó a decir Taylor después de que el testigo presentara el documento en La Haya.
Un año después de finalizada la guerra civil, Smillie impulsó en 2003 la creación del Kimberley Process (KP), un proyecto que en principio reunió más de 50 gobiernos y se diseñó para seguir el rastro de los diamantes desde su origen hasta el momento en que se pulen. “Ningún país exportaría diamantes a otro que no fuera miembro del KP. Cada país tendría un certificado sobre la legalidad del transporte y origen de los diamantes”, explica. Añade que “los controles internos en cada país eran muy importantes, pero fueron débiles en Sierra Leona, muy débiles en la República del Congo, malos en Angola y nulos en Venezuela”.
En 2009 Smillie se retiró del KP motivado por dos incidentes. “El primero es Venezuela, donde el 100% de los diamantes son contrabandeados a las afueras del país, especialmente a Ghana y Brasil. El gobierno perdió el control o el interés en resolver este problema y el KP lo permitió”. El segundo es “Zimbabwe, cuyo gobierno está casi completamente criminalizado, así como la industria de diamantes. En octubre de 2008 muchos excavadores llegaron a las minas de Marangue, al este del país, en busca de piedras preciosas, pero el gobierno envió a la fuerza aérea y los militares y mató a 200 de ellos. No obstante, el KP le dio luz verde a Zimbabwe”.
Actualmente Smillie dirige la ONG Diamond Development Initiative, que hace proyectos de desarrollo en Sierra Leona, Congo, Guinea, Liberia y Brasil, donde intentan incluir a los mineros a la economía formal, para que tengan mejores condiciones laborales, mejores precios por sus diamantes y para que los gobiernos sepan sobre el origen de las piedras preciosas. “Sin embargo —dice Smillie—, queda mucho por hacer: hay 1,5 millones de buscadores de diamantes en África y Suramérica que trabajan en la absoluta pobreza. Aunque las guerras impulsadas por las gemas ya terminaron, prevalece un gran tráfico ilegal en Zimbabwe, Guinea, Costa de Marfil, Angola, el Congo y Venezuela”.
Sierra Leona ha tenido dos transiciones pacíficas de gobierno, “es una democracia que está madurando, aunque sigue siendo un país muy pobre. Antes del KP, exportaba cerca de US$1 millón en diamantes legalmente, ahora exporta US$140 millones, lo que implica que el tráfico ilegal ha disminuido. Pero Liberia, que podría exportar apenas US$10 millones, sigue entre los exportadores de diamantes de mayor calidad en el mundo”.
¿De dónde salen los diamantes liberianos? “Es exactamente la misma incógnita que había durante el mandato de Taylor. Pueden venir aún de Sierra Leona, aunque también de Angola”, asegura Smillie. Lo cierto es que el comercio de diamantes prevalece y para los tribunales se hace más difícil hallar un responsable. Respecto al juicio a Taylor, condenado el 26 de abril, pero cuya pena se conocerá el próximo 30 de mayo, Smillie opina que “frecuentemente después de las guerras, los encarcelados son soldados que sólo obedecían. Ahora encontramos a alguien que daba las órdenes desde los altos mandos, un precedente importante para África”.
