ORDEN DE ARRESTO PARA EL ALCALDE DE  SANTA MARTA 3 días de arresto para el Alcalde *Adicionalmente deberá pagar una multa por cinco salarios mínimos  mensuales vigentes, por no acatar la tutela que se presentó en el año  2011, que ordenaba el pago del reajuste salarial a nueve pensionados. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta ordenó tres  días de arresto para el Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar,  por no obedecer a una tutela que ordenaba el pago del reajuste  salarial a nueve pensionados de la administración distrital.  De igual forma, lo sancionó con una multa de cinco salarios mínimos  mensuales vigentes. La situación entre el Distrito y el gremio de pensionados se  agravó en las últimas horas con el fallecimiento de la señora  Hilda Guardiola de Barros, una de jubiladas que se beneficiaba con  el fallo de tutela que ordenaba la cancelación de las acreencias y  el reajuste salarial. La ex trabajadora Hilda Guardiola de Barros, murió esperando  por más de 12 años que se efectuara la liquidación de  los reajustes pensionales al igual que muchos de sus compañeros. Por tal motivo, los representantes legales de cada una de  las agremiaciones de pensionados no tardaron en señalar  que la administración les ha violado los derechos a la seguridad  social, vida digna y amparo de las personas de la tercera edad. Álvaro del Portillo Soleno, presidente de la Asociación de  Pensionados, manifestó que “todas las administraciones que  han pasado desde que se inició este proceso de solicitud  para el pago de los reajustes se han burlado de los  pensionados, ninguno ha querido dar cumplimiento de lo  que establece la ley. Nos ha tocado ver como se mueren  estas personas que por años sirvieron al Distrito con la  esperanza de mejorar sus condiciones de vida con el  dinero que les corresponde, pues cotizaron pensión por  mucho tiempo. Ellos no tienen la culpa que los entes territoriales  hayan desviado el dinero o evadan responsabilidades”, dijo. ALGUNOS ANTECEDENTES Desde el año 1999 los pensionados del distrito de Santa Marta  solicitaron a la Alcaldía y al Fondo de Pensiones Públicas el pago  de los reajustes salariales que por ley les corresponden.   A partir de la fecha, se han originado 14 tutelas, múltiples manifestaciones,  denuncias públicas y marchas con el ánimo de exigirles a los funcionarios  públicos celeridad en los procesos. Durante la administración de José Francisco Zúñiga se realizó el  desembolso para algunos del 100%, para otros del 50%, mientras que  el resto de los pensionados no recibieron nada de su reajuste salarial. Según Álvaro del Portillo y los abogados representantes, los pensionados  se han enfermado en la larga espera,  deseando reclamar el dinero que  les corresponden. “Muchos de los pensionados han desarrollado enfermedades producto  del estrés, la necesidad y la zozobra que genera no saber con exactitud  cuando se les pagará sus acreencias, cosa que es injusta y  rechazamos rotundamente”, resaltó del Portillo. Con la actual administración se realizó un acuerdo para el  estudio de caso sobre asuntos pensionales, que se firmó  el 4 de junio del 2012. En dicho documento, la Alcaldía de Santa Marta  en cabeza de Carlos Eduardo Caicedo Omar se comprometió,  textualmente a: “acuerda programar el estudio, por día, de  la carpeta perteneciente a dos pensionados, de modo que por  semana sean diez casos estudiados y cuarenta al mes”. El oficio está firmado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica,  Byron Valdivieso, Fabio Botero, presidente de la Sociedad de  Pensionados y por Álvaro del Portillo Soleno, presidente de  la Asociación de Pensionados del Distrito. Sin embargo, pasado tres meses los representantes de los pensionados  se quejan porque no se ha dado el cumplimiento de los compromisos  previamente establecido. De acuerdo a los declaraciones entregadas por los representantes  de los pensionados, la administración no ha realizado el pago por  negligencia de los funcionarios de turno, pues según el decreto  3250 de 2011 ya existen los recursos económicos en el Fondo  Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. “Lo que ha faltado es voluntad porque los dineros están disponibles,  y no se pueden usar para otro fin distinto al de pagar la totalidad  de los reajustes pensionales”, sostuvo Álvaro del Portillo. Los pensionados han solicitado que el alcalde Carlos Caicedo  delegue personas competentes que no se desvíen de sus funciones  y que estudien cada uno de los casos con el propósito de ir resolviendo  con el pago a cada uno de los 300 pensionados. “Lo último que nos dijeron en una reunión que hicimos ayer  jueves es que la próxima semana se retomará el compromiso  establecido en el acuerdo que se firmó hace tres meses, de no  ser así como ya nos cansamos de tanta dilatación nos tomaremos  las vías de hecho, saldremos a la calle a reclamar nuestros derechos”,  dijo del Portillo. INCIDENTE DE DESACATO La  providencia del Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta  con función de control de garantías, de fecha 12 de septiembre del 2012,  dice textualmente: “Por lo que este despacho concluye que por lo que estima el despacho  se hace viable la aplicación del artículo 52, 53 del decreto 2591, artículo  146 de la Ley 100 de 1993, y conforme a lo dispuestos en los acuerdos  018 de 1973 y 027 del 30 de diciembre del año 1980, y sin perjuicio de  normas que no se ajusten a la legalidad de 1991, ordenándose entonces  la sanción al Ordenador del Gasto, en este caso al Representante Legal  del distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta, en cabeza del  señor alcalde del distrito de Santa Marta, y/o quien hagan sus veces, y al  gerente de Fondo Cuentas Especiales de Entidades Descentralizadas  del Distrito y/o quien haga sus veces al momento de la notificación de la  presente decisión, a cada uno con tres días de arresto y multa de  cinco salarios mínimos mensuales vigentes” En razón y mérito a lo expuesto el Juzgado Tercero Penal Municipal  de Santa Marta con función de control de garantía. RESUELVE Primero. Sancionar con tres días de arresto y multa de cinco salarios  mínimos mensuales vigentes al señor alcalde mayor del distrito de  Santa Marta y/o quien hagan sus veces, y al representante legal del  Fondo Cuentas Especiales de Entidades Descentralizadas del Distrito  de Santa Marta y/o quien haga sus veces al momento de la notificación,  por desacato a fallo modulatorio de tutela fechado junio 23 de 2011, de  conformidad con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. Segundo. Se ordena al Director del DAS seccional Magdalena, recibir en  esas instalaciones a dicho funcionario para efectos de cumplir dicha  sanción. Elabórense las correspondientes órdenes de captura. Tercero. Remítase la decisión al Juzgado Penal del Circuito, para consulta,  y  una vez confirmado y en firme désele cumplimiento al punto SEGUNDO  de esta providencia. Notifíquese y cúmplase Margarita Almanza Campo Juez

Fuente Hoy diario del Magdalena