La contralora general de la República Sandra Morelli frente a la contaminación y daño ambiental que ha sufrido la bahía de Santa Marta, no dejó títere con cabeza. Señaló de ser los responsables de esta tragedia ecológica a las empresas Prodeco, la Drummond, el Grupo Daabon a través de la Marina Internacional, a los hoteles, a las autoridades locales culpó a Metroagua (operadora del emisario Submarino) y reveló que está evaluando los daños para que quienes están comprometidos con este desastre ambiental, paguen por ese grave deterioro.
En un reportaje concedido a Yamid Amat y publicado ayer por El Tiempo, la contralora Morelli Rico hace graves señalamientos en los que su juicio son los responsable del desastre ambiental en la bahía de Santa Marta y anunció que le organismo a su cargo está calculando el monto del daño ambiental para proceder a obtener los recursos para reparar el daño causado
Pero los señalamientos más graves de la Contralora General de la República los hizo contra la construcción de la Marina Internacional de la que afirmó: “ Fue una concesión a los Dávila Abondano, sin contraprestación para el Estado. Ellos manejan la Sociedad Portuaria, y el Distrito modificó el POT mediante un extraño procedimiento que incluye el mar. Se están valorando los daños ambientales que causó esa construcción por la dinámica de las corrientes que dañan la fauna y la flora marina de la bahía. El paisaje se alteró, y el material usado causó un grave deterioro sobre la quebrada la Lata”.
En su reportaje a El Tiempo, la Contralora Morelli Rico ante los daños ambientales que ha sufrido la bahía samaria no dudo en señalar a las autoridades locales, a Prodeco, Drummond, la Marina Internacional y hasta el emisario submarino.
Pero además, la Contralora denunció que “la entidad a su cargo viene trabajando contra viento y marea, contra infiltrados y corruptos, calculando el monto del daño ambiental para proceder a obtener los recursos para reparar el daño causado”.
Al abordar el tema de la contaminación de la bahía de Santa Marta en su reportaje a Yamid Amat, la contralora Sandra Morelli se refirió en los siguientes términos:
¿Cómo va el problema de la bahía de Santa Marta?
Hay mal manejo de aguas, transporte descubierto de carbón, barcazas no permitidas en la zona. Cuando vierten el carbón en estas viejas embarcaciones con banderas de países muy raros, están contaminando playas y mar. A eso súmele que el río Manzanares fue desviado por la construcción de la marina; el sedimento y el mugre que viene como de la deforestación caen a la bahía y permanecen allí. Las fábricas de aceite no ayudan; hubo dos derrames y dijeron que, como era aceite natural, no contaminaban. Y tampoco el manejo de lixiviados ni las condiciones del emisario submarino responden a parámetros exigibles.
¿Cuál es la compañía responsable de eso?
Primero que todos, las autoridades que nada les exigen a los hoteles, ni a Prodeco, ni a Drummond.
¿Qué ha hecho la Contraloría?
Frente a todos ellos, estamos contra viento y marea, contra infiltrados y corruptos, calculando el monto del daño ambiental para proceder a obtener los recursos para reparar el daño causado.
¿Cuál es el problema con la marina de Santa Marta?
Es una concesión a los Dávila Abondano, sin contraprestación para el Estado. Ellos manejan la Sociedad Portuaria, y el Distrito modificó el POT mediante un extraño procedimiento que incluye el mar. Se están valorando los daños ambientales que causó esa construcción por la dinámica de las corrientes que dañan la fauna y la flora marina de la bahía. El paisaje se alteró, y el material usado causó un grave deterioro sobre la quebrada la Lata.
En resumen: crisis en medio ambiente por Cerro Matoso, crisis por la Drummond, crisis en Santa Marta, crisis en Cartagena, crisis por Cerrejón....
Mire: Colombia está expuesta a un desastre ambiental. Está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo, no solo a Cerro Matoso, que dejen de deforestar y de contaminar. Los que están diseñando mal el canal del Dique van a acabar con todas las islas del Rosario. Ojalá el país reaccione: la perspectiva ambiental de Colombia es terrible. Agréguele el Tayrona. No tenemos autoridad ambiental. Recuerde que en años pasados se desarticuló el sistema nacional ambiental y se fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda y Desarrollo Territorial. Es como si siguiéramos en el siglo XIX. Es increíble no darle importancia a lo que más le preocupa hoy al mundo: el medio ambiente. Las lagunas se están secando. En el embalse del Neusa, la CAR de Cundinamarca mandó quitar todo el bosque y se demoró en reforestar, de tal manera que la capa vegetal terminó en el agua. Y no olvide el Tolima con la Colosa y Santander con Santurbán. En el primer caso, el tema del agua debe ser resuelto; en el segundo, explotación y exploración se confunden. Y está la minería ilegal. Y el carbón en Boyacá. Y el oro en Antioquia, Caldas y Chocó. Y el coltán, que el Gobierno ni siquiera clasificó como mineral sujeto al pago de regalías. Colombia está al borde de un desastre ambiental.
¿Cuál es el inventario completo?
Todo el escenario terrible que le acabo de describir; en ese inventario ambiental está la bahía de Santa Marta, la manipulación y transporte anti- técnico del carbón en toda la bahía; acumulación de residuos de carbón. Contaminación del río Manzanares por ocupación incontrolada de viviendas en la cuenca. Para el emisario submarino, que recoge las aguas negras de la ciudad, no hay tratamiento previo, y eso causa daño al ecosistema marino. La marina internacional en el puerto causa daño ambiental y ecológico, además de una invasión incontrolada del espacio público, y hay un manejo ineficiente de residuos sólidos de la planta de Palangana.
¿Y en Cartagena?
El emisario submarino, por deficiencias en diseño y construcción, está generando un daño ambiental y social, para un detrimento fiscal estimado de 19.000 millones de pesos.
¿Y el caso del río Ranchería, en La Guajira?
Daño ambiental y daño cultural múltiple por el impacto de la reubicación del río, que significa mover de su cauce al río a una distancia de 26 km, sin haber tenido en cuenta los efectos ambientales y sociales del proyecto. En el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos.
¿Y qué pasa en el interior?
En varios departamentos, la Contraloría ha comprobado daños en los ecosistemas de páramo provocados por la explotación minera ilegal, que no ha tenido adecuado control por parte de las autoridades locales ambientales. Es el caso de los páramos de Rabanal y Pisba, en Boyacá; Guerrero, en Cundinamarca y Santurbán en Santander. Se está produciendo afectación en nacimientos de ríos. En la sabana de Bogotá avanza una auditoría a 65 entidades oficiales por debilidad institucional y deficiencias en el manejo y control de aguas residuales, que causan enorme contaminación en el río Bogotá. En la región de la Orinoquía, se han establecido graves riesgos ambientales y sociales relacionados con la agroindustria y con hidrocarburos, contaminación química de aguas, pérdida de diversidad cultural, presión sobre los pueblos indígenas y cambio de uso del suelo por proyectos agroindustriales, ganadería extensiva y actividad minera, sin un adecuado ordenamiento territorial.
Este resumen presenta al país en un estado de asombrosa gravedad en lo ambiental...
No tenga dudas: Colombia está al borde de un colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia.
Hoy Diario del Magdalena
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