CORTE SOLICITA INVESTIGAR A LA CONTRALORA SANDRA MORELI

SEGÚN LA CONTRALORA, Sandra Morelli, algunos funcionarios de la Fiscalía no solo se limitan a no actuar frente a algunos procesos por estos hechos, sino que desacreditan el acervo probatorio de la Contraloría sobre estos apantes desfalcos en la salud, así como lo hacen las EPS.

La Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigue el presunto incumpliendo, por parte de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, de una sentencia de esa Corporación en la que se ordena que los directores de vigilancia fiscal deben ser elegidos mediante concurso y no designados.

Se trata de la sentencia C-284 del 2011 en la que se dispone que ese personal debía ser elegido mediante concurso y, al parecer, según denuncia de la Red de Veedurías, al menos 30 personas han sido designadas en sus cargos en la entidad. Morelli “habría incurrido tanto en falta disciplinaria como en un posible hecho punible por el presunto fraude a una resolución judicial toda vez que no dio cumplimento por algo más de una año a una sentencia vinculante de la Corte Constitucional”, precisó  el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien agregó que la inobservancia de Morelli a una decisión judicial “representa una afectación de 450 millones de pesos mensuales y una bolsa de empleo que ha manejado caprichosamente la señora Contralora a espaldas de la decisión”, dijo. Ese presunto desacato de la Contralora representaría cerca de 5 mil millones de pesos, según cálculos de la Red de Veedurías, contados desde la fecha en que se emitió la sentencia.

‘FISCALÍA Y LAS EPS ESTÁN DESCALIFICANDO A LA CONTRALORÍA’

Ante la plenaria del Senado la Contralora General de la República, Sandra Morelli, aseguró que la Fiscalía General de la Nación y los abogados de las EPS, están teniendo una “actitud sospechosa” para desacreditar las denuncias que ha hecho su organismo por corrupción en el sector de la salud.

Según Morelli, algunos funcionarios de la Fiscalía no solo se limitan a no actuar frente a algunos procesos por estos hechos, sino que desacreditan el acervo probatorio de la Contraloría sobre estos apantes desfalcos en la salud, así como lo hacen las EPS.

“Esa tendencia de descalificar de manera generalizada la actividad fiscalizadora de la Contraloría, nos parece mal sana, y en casos concretos con una identidad francamente sospechosa de argumentaciones entre autoridades y abogados defensores para casos concretos”, señaló la contralora Morelli. Agregó que le ha llamado la atención “la identidad de planteamientos hechos por los funcionarios de la Fiscalía, con las estrategias de defensa de los abogados defensores de las EPS”.

De otro lado, la contralora general aseguró que el superintendente de Salud, Conrado Gómez, la llamó y le dijo que iba a restituir completamente a Saludcoop, que se intervino por el escándalo de corrupción de la salud y critico el largo periodo de tiempo que estuvo intervenida.

 “Esas intervenciones excesivamente prolongadas en el tiempo, en el sector salud, en el sector financiero y en cualquier otro, lo que hacen es volver al Estado responsable de una situación de mala administración que crearon los dueños, en este caso los administradores de la respectiva empresa”, aseguró.

Morelli recordó que el escándalo de la salud llevó al país a un desfalco de 1 billón 140 mil millones de pesos.

AVALADOS AUMENTOS

La Contralora General de la República, Sandra Morelli, certificó en 5% el promedio del aumento de los sueldos de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia 2012.

Lo anterior indica que al ser aprobado por la Contraloría, el Gobierno ya puede entrar a ajustar estos salarios a los miembros del Congreso de la Republica en la presente vigencia fiscal.

La Contraloría indicó que a otros funcionarios de alto rango se les ajustará su asignación en igual proporción que a los Congresistas. Es el caso de los Magistrados del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia; al Procurador General, al Fiscal General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Registrador Nacional del Estado Civil.

Según el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Consejos Superiores de la Administración, Ministerios, Policía Nacional, Departamentos Administrativos, Superintendencia y Unidades Administrativas Especiales, sin personería jurídica.

fuente hoy diario del magdalena