Comité Intergremial rechaza tasa impositiva de seguridad

El Comité Intergremial del Magdalena que congrega a los principales sectores productivos del departamento rechazó de manera unánime la tasa de seguridad aprobada por la Asamblea para financiar el denominado Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia FUNSET, por considerarlo que va en detrimento del desarrollo comercial y empresarial de la región.

De esta manera distintos voceros y estamentos representativos de la sociedad le han cerrado el paso al cobro de la mencionada contribución la cual se dispuso se hiciera efectiva a través de la factura del servicio de energía eléctrica en rangos que inicia en el 1% y termina en un 10% viéndose afectados todos los estratos socio-económicos del Magdalena.

La citada Ordenanza que ha sido duramente cuestionada y censurada por la opinión pública fue una iniciativa de la administración del gobernador Luis Miguel Cotes quien la defiende bajo el argumento de que la sociedad debe contribuir a fortalecer la logística y operatividad de la fuerza pública, en especial de la Policía, por consolidar las estrategias que le devuelvan la seguridad al departamento.

Pero los gremios del Magdalena van más allá de oponerse al cobro de la citada tasa impositiva tras evaluar y considerar que tributos como ese se constituyen en un verdadero retroceso en las aspiraciones de competitividad que tiene el departamento frente a otras regiones del Caribe colombiano y del país en general.

“Gravámenes como la Contribución por Valorización y el incremento exacerbado del Impuesto Predial se han constituido en una limitante para el normal desarrollo de las actividades económicas de las empresas y la implementación de una nueva carga tributaria atentaría contra la competitividad y sostenibilidad del comercio en la región sin mencionar los efectos sobre la población en general”, dice el enérgico pronunciamiento de los sectores económicos y productivos del departamento.

De igual manera advierten que están en peligro los esfuerzos y proyectos gestados desde los gremios así como las iniciativas públicas encaminadas a la consolidación empresarial, el fomento de la competitividad y la promoción de la formalización se verían escindidos con la ampliación de los impuestos que afectan a las empresas del departamento, así como el consecuente deterioro de las potencialidades de la región para atraer inversión extranjera y foránea”.

QUE NO LA SANCIONE

A medida que aumentan las manifestaciones de inconformidad frente a la aprobación del proyecto hecho por parte de la Asamblea del Magdalena, donde valga la pena aclarar, dicha iniciativa contó con la oposición férrea de los diputados Humberto Díaz Costa y Robinson Morelo, los sectores representativos de la sociedad le han pedido al gobernador Luis Miguel Cotes se abstenga de sancionar la ordenanza.

“Debe tener el señor gobernador el deber patriótico y la honestidad política de corresponder al momento histórico y económico que atraviesa la sociedad magdalenense. Así como el Presidente Santos se abstuvo de sancionar la cuestionada Reforma a la Justicia por considerarla ilegal e inconveniente y escuchando a la opinión pública, el Mandatario departamental debiera actuar en consecuencia con lo que aquí a nivel territorial ha sido aprobado por la Asamblea”, dijo ayer el abogado Alejandro Arias Cañón.

RESISTENCIA CIVIL

Mientras tanto, organizaciones sociales, líderes comunales, gremios cívicos y representantes políticos han planteado lo que han denominado “resistencia civil” para no pagar la tasa contributiva de seguridad aprobada por la Asamblea.

“El Magdalena se volvería un caos. La empresa de energía Electricaribe no tendría la capacidad operativa para suspenderle el servicio de luz a más de 60 mil usuarios a quienes le cobrarían el impuesto ilegal, y los suscriptores del servicio les asiste la razón cuando rechacen el cobro de un tributo con el cual no están de acuerdo y se tiene la certeza de que es ilegal. Por lo tanto, antes que el Magdalena caiga en una peligrosa situación de orden público, lo mejor sería rectificar e impedir que la Ordenanza nazca a la vida jurídica por cuanto aún no lo ha hecho ya que falta la sanción del Ejecutivo, en este caso del Gobernador”, señaló por su parte el concejal de Santa Marta Juan Carlos Palacio Salas.

EN EL CONGRESO

Por su parte, el representante a la Cámara por el departamento del Magdalena Eduardo Díaz Granados Abadía denunció en sesión plenaria de esa corporación el día miércoles 1 de agosto y ante la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, la tasa especial de seguridad aprobada por la Asamblea Departamental por considerarla ilegal, arbitraria e irrespetuosa con los magdalenenses y solicitó la intervención inmediata de la Contraloría.

“Ese es un cobro injusto, ilegal, inconstitucional el que se ha fraguado en la Duma departamental. Pienso que debe primar la sensatez y la realidad del administrador y lo más aconsejable es que se rectifique y no sea sancionada”, anotó el parlamentario Eduardo Díaz Granados Abadía.

fuente hoy diario del magdalena