Samarios dispuestos a no pagar la valorización

Decidida a no pagar, se encuentra la comunidad de Santa Marta de los estratos 3,4 ,5 y 6 respecto al cobro de la contribución de valorización que la Gobernación ha establecido para financiar las obras complementarias del Plan Vial del Norte.

A través de diferentes asambleas, los propietarios de inmuebles en especial de El Rodadero han mostrado su rechazo y gran malestar por las grandes sumas de dineros señaladas en las facturas que comenzaron a recibir.

Valorización nunca se socializó con la ciudadanía

Los comerciantes, hoteleros y residentes de varios sectores de la ciudad, consideran este proyecto como el más grande acto de corrupción, por parte de la administración departamental, de allí su actitud de no pago frente a las elevadas cuotas económicas que según ellos, no tienen ni siquiera claro hacía donde supuestamente serán invertidas, pues ningún funcionario o encargado de la obra les ha explicado o socializado lo que se piensa desarrollar con sus aportes.

De acuerdo a lo manifestado por Aurelio Rosales, líder comunal de El Rodadero, en su localidad existe una posición firme de no pagar la valorización, ya que para todos obedece a un negocio, del que entra hacer parte la empresa Asa S.A y la Gobernación del Magdalena.

"Nosotros consideramos que este cobro es un atraco de frente, teniendo en cuenta que valorización en ley es un acto concertado no una imposición, como la Gobernación lo ha implementado en esta oportunidad que viene trabajando de espalda a la comunidad, generando en todos un desconocimiento frente a las obras y desconfianza más cuando se contrata a un particular dentro del proyecto", indicó el líder cívico.

Aurelio Rosales asegura que la principal molestia de la comunidad obedece a que nunca el comité técnico de valorización se ha reunido con representantes de la población civil, para discutirse lo que se piensa realizar con los dineros que se recolecten, sin embargo, al momento de repartir las facturas de cobros se observan grandes cuantías, que no coinciden con los valores y localización del inmueble.

Protestarán para no pagar

Ante estas anomalías, la ciudadanía se ha organizado y adelantado reuniones en El Rodadero, Gaira y Manzanares, donde han asistido habitantes de los barrios implicados, quienes coincidieron en la decisión de rechazar dicho pago y llegar hasta las últimas instancias para evitar una "nueva corrupción por parte de los gobernadores de turno".

En estas reuniones además se ha venido constituyendo un comité de rechazo a la valorización, que piensa organizar jornadas de protestas, paros y tomas al palacio Tayrona como ya sucedió en el 2010, cuando un grupo de personas dijo no al pago del gravamen, argumentado que "la imposición de este fraude no se va a permitir".

"Estamos bloqueando un proceso de corrupción inmenso que hay en el Departamento, cuyo único fin es seguir engordando los dineros de las mafias políticas. Santa Marta está de pie y ya tenemos casi el 100 por ciento de los recibos porque no se van a pagar, que hagan lo que quieran", añadió Juan Manuel Chávez, comerciante y miembro del comité de participación ciudadana de El Rodadero.

Facturas exageradas

Juan Manuel Chávez al referirse a dicho proyecto que será financiado por la comunidad, también bastante disgustado manifiesta que "jamás estaré de acuerdo con un cobro de valorización, cuando nuestro sector se ha desvalorizado. El estrato 6 está solo en el papel, ya que en la realidad no alcanza a llegar a un estrato 3, debido a que es un lugar donde se presenta venta de drogas, prostitución, atracos, calles destruidas, comercio informal, invasiones entre otras problemáticas sociales que tendrían que ser revisadas, antes de pensar en exigirnos pagar altas sumas de dinero".

Este comerciante señala haber recibido dos facturas desmedidas e ilegales, pues por su local comercial avaluado en 13 millones de pesos deberá pagar cuatro millones y por su apartamento de 60 millones, tendrá que cancelar siete millones.

Una situación similar a la de Juan Manuel Chávez, la afrontan otro número importante de propietarios de inmuebles, entre ellos Luz Marina y Roció Álvarez ambas administradoras de apartamentos, quienes aseguran que el pago es un atropello contra su economía.

"Estoy aterrada por la manera como se hacen efectivas estos cobros, los cuales no corresponden ni siquiera a la realidad, caso concreto lo vive un grupo de cuatro socios que por ser todos dueños de un solo apartamento se les cuadriplicó el valor a pagar", comentó Roció Álvarez.

Melisa de Enciso propietaria del hotel Betoma, también coincidió en no contribuir a la valorización, decisión que junto a otros hoteleros le hicieron saber en una reunión en el hotel Zuana al Ministro de Turismo Sergio Diaz Granados, quien dijo iba a tratar el asunto con el Ministro de Transporte, para tomar determinaciones.

"Pagamos elevados impuestos, por ello lo mínimo que nos merecemos son proyectos como el del Plan Vial del Norte, que mejore la comunicación con las ciudades del interior", indicó Melisa de Enciso.

En el Rodadero es notoria la posición de rechazo, con respecto a dicho cobro, evidenciándose al caminar por las calles del balneario turístico, las cuales en diferentes zonas tienen carteles y avisos amarillos que dicen No al impuesto de valorización.

Alcalde no apoya iniciativa de la Gobernación

Al no haber recibido notificación de parte del Gobierno Nacional del establecimiento de esa contribución, ni de alguna otra, el alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo Omar, ha dicho en varias oportunidades que no respaldará el cobro de esta valorización.

"No existe un instrumento legal que me obligue a hacerlo, tampoco hemos encontrado un acto o documento alguno que plasme que el gobierno anterior y el concejo de entonces, hubiesen sido informados de esa decisión del Departamento y se concertare con ellos", precisó.

Según el Mandatario local la valorización debió haberse cobrado previo a un proceso de concertación con el Distrito, la comunidad y los propietarios de los predios por donde pasa la carretera y que obtendrán un indudable beneficio, valorizándoles su propiedad de forma exponencial.

"Por las implicaciones económicas para la ciudad a que esto conlleva se debió promover un debate, adelantado por el Concejo Distrital a solicitud del Alcalde con fundamento en algún tipo de acuerdo o convenio que hubiera hecho para establecer ese gravamen transitorio con el Gobierno Departamental", afirmó el alcalde Carlos Caicedo.

Precisamente por la controversia generada en la ciudad, por dicho cobro, el burgomaestre samario dijo que solicitará al Departamento un informe que detalle cuál es el soporte legal en el que ellos se fundamentan para establecer esa contribución para los ciudadanos.

Concejales también se oponen al cobro

El concejal Aníbal Charris por su parte calificó de ilegal el recaudo de esta contribución, aprobada por la Asamblea Departamental, manifestando que " se pasaron por la faja la Constitución y le dio el cobro de la valorización a un ente particular como es (la empresa) Ada S.A., lo que a las claras es una negociación que se hizo, tanto así que fue aprobada unos días antes de las elecciones".

Varios concejales al igual que la comunidad, están en contra del pago del gravamen, por lo que han asegurado apoyaran la batalla jurídica para que los samarios no tengan que aportar a un proyecto, sin tener claro como resultarán beneficiados y en que se invertirán sus recursos.

La Gobernación del Magdalena indicó que espera recaudar un total de 120 mil millones de pesos, por cobro de valorización que serán invertidos a obras complementarias, dentro del Plan Vial del Norte, que se lleva a cabo con la doble calzada, desde la Ye de Ciénaga hasta Mamatoco.

Por Roger Urieles Redactor de EL INFORMADOR

Tomado del Informador